La Comisión Europea redefine la Ley de Diligencia Debida: estas son las claves para adaptarse a la reforma
La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta Omnibus I de la Comisión Europea. Esta medida debilita las obligaciones corporativas en virtud de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), también conocida como la “ley de diligencia debida”.
La CSDDD, tal como se adoptó en 2024, impondría la responsabilidad social corporativa a las grandes empresas que operan en el mercado de la UE, incluidas las del sector de la moda. Estas empresas serían responsables de los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de sus operaciones, así como de los de sus filiales y socios comerciales. No abordar los abusos en su cadena de suministro podría acarrear multas de hasta el 5 por ciento de su facturación anual global. Las víctimas, como un trabajador textil de una fábrica, también podrían presentar demandas civiles contra ellas. Estas disposiciones se ven debilitadas por la nueva propuesta.
El cambio más significativo de la decisión de la JURI es que muchas pequeñas y medianas empresas quedan ahora fuera del ámbito de aplicación de la directiva. El umbral se fija ahora en 5,000 empleados, frente a los 1,000 anteriores, y una facturación anual de 1,500 millones de euros, frente a los 450 millones de euros. Por lo tanto, las empresas más pequeñas están exentas de estas obligaciones. Además, las empresas que sigan bajo la directiva ya no necesitarán evaluar el riesgo de abusos en toda su cadena de suministro. Solo tendrán que hacerlo para los proveedores directos. Para la industria de la moda, esto significa que el cumplimiento de la CSDDD se convierte en una sugerencia voluntaria. Las políticas de sostenibilidad social, en particular, pueden pasar a un segundo plano en la lista de prioridades.
Reacciones de indignación
Las organizaciones de derechos humanos han reaccionado con indignación, sobre todo teniendo en cuenta el largo camino recorrido para establecer la ley de diligencia debida. Fairtrade International calificó la decisión en LinkedIn como una oportunidad perdida para que el Parlamento Europeo adopte una postura ambiciosa sobre la responsabilidad corporativa. La organización declaró: “Fairtrade está profundamente preocupada por el hecho de que, mientras países de todo el mundo están endureciendo los requisitos de diligencia debida, la UE se mueve en la dirección opuesta”.
La Campaña Ropa Limpia también reaccionó enérgicamente. En un comunicado de prensa, la organización citó a su coordinador de lobby y defensa, Giuseppe Cioffo, desde Bruselas: “Hoy, los eurodiputados han traicionado a los trabajadores de la confección de todo el mundo. Lo que podría haber sido un gran avance para los trabajadores que viven con salarios de pobreza y a los que se les niegan sus derechos fundamentales, puede convertirse ahora en una herramienta para que las marcas “blanqueen” sus prácticas”.
La Comisión Europea quiere “simplificar” la sostenibilidad
La propuesta Omnibus I forma parte de un esfuerzo más amplio de la Comisión Europea por “simplificar” la legislación europea sobre sostenibilidad y reducir la carga administrativa de las empresas. Esta propuesta se presentó el 26 de febrero de 2025 y modifica tanto la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) como la CSDDD. Mientras que la CSRD exige a las empresas que informen sobre su impacto humano y medioambiental, la CSDDD les obliga a tomar medidas reales contra los abusos en su cadena de valor.
Con la propuesta Omnibus I, la Comisión pretende flexibilizar estas normas y “alinearlas” mejor. El 13 de octubre de 2025, la mayoría de la JURI del Parlamento Europeo votó a favor de la propuesta.
La votación en el pleno del Parlamento Europeo tendrá lugar a finales de este mes. Si el Parlamento está de acuerdo, se celebrarán negociaciones tripartitas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Los Estados miembros también tendrán voz en el texto final. En consecuencia, la sostenibilidad social en la moda parece volver a ser una opción voluntaria en lugar de una obligación legal.
La industria responde
Tras la decisión, Miriam Geelhoed, portavoz de la asociación holandesa del sector de la moda Modint, declaró: "La CSDDD tiene como objetivo prevenir los abusos en las cadenas de suministro internacionales, un objetivo que Modint apoya plenamente. Muchos de nuestros miembros llevan años trabajando voluntariamente de acuerdo con las Directrices de la OCDE para una Conducta Empresarial Responsable a nivel internacional y demuestran que la transición es posible.
"El debilitamiento propuesto de la ley plantea interrogantes sobre su impacto en el terreno de juego. Aunque puede suponer una reducción de las cargas para una parte, podría trasladar las responsabilidades a un socio de la cadena de suministro para otra. Por lo tanto, seguiremos de cerca su aplicación y puesta en marcha. La incertidumbre creada por una legislación diversa y cambiante está estancando el desarrollo de una política sostenible y la transparencia de la cadena de suministro.
"En el período previo a un acuerdo sectorial sobre responsabilidad corporativa internacional, INretail y Modint están colaborando con el Consejo Social y Económico, FNV Mondiaal, CNV Internationaal y otros socios en módulos de riesgo sectoriales, incluido uno sobre trabajo forzoso. Estos módulos ayudan a las empresas a hacer hoy lo que será obligatorio mañana. Son prácticos, están alineados con las prácticas diarias y se aplican en un entorno con la participación de múltiples partes interesadas.
"Así que: Elegimos un rumbo. No porque sea fácil, sino porque es necesario para proteger nuestros valores".
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